07/04/2022
Actualidad
La educación es un derecho humano fundamental y universal. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos debido a las consecuencias derivadas de las guerras y los conflictos armados, que provocan que desaparezca la seguridad en las escuelas y universidades, que los centros educativos se utilicen con fines militares y que los estudiantes y docentes queden expuestos a ataques y otros tipos de violencia, incluyendo las secuelas psicosociales que la guerra provoca en las personas. Estos conflictos también repercuten en los programas de investigación de las universidades, que se ven obligadas a detener los proyectos por los ataques o por la decisión de los países e instituciones de suspender la cooperación, tal y como ha sucedido recientemente en Rusia como respuesta a la invasión de este país a Ucrania.
Consciente de esta situación, la UNESCO dedicó en 2011 su informe anual de seguimiento de la educación a los conflictos armados en Una crisis encubierta: conflictos armados y educación , donde reflejaba que el 40% de los niños del mundo que no iban a la escuela vivían en países afectados por conflictos registrando los mayores niveles de analfabetismo y desigualdad entre sexos. La UNESCO se comprometía a ayudar a acabar con las violaciones de los derechos humanos perpetradas como causa de estos ataques y liberar todo el potencial que tiene la educación para actuar como fuerza de paz.
Otro informe, Escuelas y Educación en los conflictos armados , esta vez del Instituto Español de Estudios Estratégicos, recogía en 2015 la situación de la educación de los niños y adolescentes tras cuatro años de guerra en Siria. Este documento analizaba la destrucción del sistema educativo en Siria, exponiendo también el impacto del conflicto en los sistemas educativos de los países de acogida y defendiendo la educación como un derecho humano inalienable.
En 2010, distintas organizaciones que trabajan en las áreas de educación en emergencias y contextos de conflicto crearon la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA). Una de sus iniciativas fue la redacción de las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados , que se hicieron públicas en 2014. En ellas se alienta a las partes en conflictos armados a abstenerse de utilizar escuelas y universidades para cualquier fin en apoyo a la acción militar, posibilitando en todo momento la educación de los estudiantes. Esta coalición también publicó en 2020 en el informe Education under attack 2020 , los datos relativos a los ataques que se produjeron entre 2015 y 2019. Estos datos, que muestran los ataques producidos en 37 países tanto en la educación en escuelas como en educación superior, reflejan que más de 22.000 estudiantes y docentes resultaron heridos o asesinados durante conflictos armados en este periodo.
Free to think 2021: report of the scholars at risk , es la séptima entrega de un informe anual del Academic Freedom Monitoring Project, promovido por la red internacional de instituciones de educación superior Scholars at Risk (SAR), dedicada a proteger a docentes e investigadores amenazados, prevenir ataques a las comunidades de educación superior y promover la libertad académica en todo el mundo. El informe analiza 332 ataques contra comunidades de educación superior en 65 países y territorios de todo el mundo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
Estas publicaciones junto a otras iniciativas, como la proclamación de la ONU del 9 de septiembre como Día Internacional para la protección de la Educación de Ataques, intentan dar visibilidad y recordar que miles de estudiantes y profesores sufren cada día las consecuencias de los conflictos armados, reforzando el propósito de que los centros educativos deben ser espacios seguros e inviolables y fomentando la idea de que a largo plazo una educación equitativa y de calidad contribuye a adquirir una formación y aptitudes que fomenten la convivencia y la paz.