La evaluación del profesorado universitario en España. Sistema nacional y divergencias territoriales
Autores
Arturo GalánSalto de línea Mª. Ángeles González-GalánSalto de línea Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Educación. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Madrid. España.
Patricia Rodríguez-PatrónSalto de línea Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Público. Área de Derecho Constitucional. Madrid. España.
DOI
10.4438/1988-592X-RE-2014-366-279
Resumen
La importancia creciente atribuida a los ránquines mundiales de universidades ha promovido la competitividad en el ámbito internacional conforme a unos indicadores centrados en la investigación, lo cual ha influido notablemente en las políticas nacionales. La presión sobre el profesorado ha aumentado en grado sumo, lo que se deja sentir en la forma y los criterios para evaluarlo. En España, la Ley Orgánica de Universidades aprobada en 2001 y su reforma parcial de 2007 han cambiado el panorama en cuanto al acceso a las plazas de profesorado, cambio que se plasma, en primer lugar, en la obligatoriedad de la acreditación previa del profesorado mediante una evaluación externa para tener opciones de acceder a una plaza de profesor en cualquier universidad pública. El marco normativo español combina varios niveles de descentralización en materia universitaria, lo que ha llevado a la creación de distintos organismos y diversos modelos para la evaluación del profesorado. En este artículo se realiza un análisis descriptivo- comparativo basado en fuentes documentales legislativas sobre evaluación del profesorado a nivel estatal y autonómico. Además, se analizan datos procedentes de la agencia regional que ha realizado mayor número de evaluaciones (Comunidad de Madrid) relativos a la transformación laboral de profesores en activo (N = 801) y se comparan los resultados de las encuestas de satisfacción de candidatos. Los 10 sistemas de evaluación revisados permiten una clasificación en tres grupos en función de su grado de objetividad y transparencia. La satisfacción de los candidatos es más elevada cuando el grado de objetividad es mayor. Se cuestiona lo que se denomina ‘ineficiencia evaluativa’, producida por la transformación de profesores en las nuevas figuras y por la creación de 12 agencias autonómicas con competencias similares y sin reconocimiento mutuo. Finalmente, se propone una cultura de evaluación más objetiva y ética frente a la ambigüedad y excesiva discrecionalidad técnica de muchos sistemas de evaluación.
Palabras clave
Evaluación del profesorado, Educación Superior, universidad, política educativa, evaluación de la investigación.
Abstract
The growing emphasis on worldwide university ranking is boosting competitiveness at an international level, especially on the playing field of research, and this increased competitiveness is influencing domestic policy. The pressure on faculty has increased dramatically, as have the standards and criteria for passing faculty evaluations. In Spain, the University Act passed in 2001 and partially amended in 2007 has changed the landscape in terms of access to teaching positions, as firstly evidenced by the requirement of prior teacher accreditation by means of an external evaluation in order to gain access to professorships at any public university. Spanish legislation combines different levels of decentralization in university matters. As a result, different quality evaluation/accreditation agencies and evaluation models have been created. This paper gives a descriptive comparative analysis of legislation based on documentary sources concerning nationwide and regional faculty evaluation. In addition, data from the regional agency that handles the largest number of evaluations (the Madrid agency) and concerning the transformation of the contracts of faculty members now in service (N = 801) are analyzed and compared with the results of candidate satisfaction surveys. Ten sub-national evaluation systems are reviewed and classified into three groups according to their degree of objectivity and transparency. Candidate satisfaction is shown to be higher when the degree of objectivity is higher. Some discussion is then devoted to the problem of the evaluative inefficiency caused by transferring faculty from one system to another and by the creation of twelve regional agencies that share similar responsibilities yet fail to recognize one another. Lastly, a more objective, ethical evaluation culture is proposed to reduce the arbitrariness and ambiguity of many evaluation systems.
Keywords
Faculty evaluation, higher education, university, educational policy, research evaluation.