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El 9,3% del alumnado recibió apoyo educativo específico en el curso 2020-21

25/04/2022

  • En total, se beneficiaron 748.054 alumnos y alumnas, de los cuales 227.979 lo hicieron por tener necesidades especiales asociadas a discapacidad o trastorno grave y 520.075 por otro tipo de necesidades específicas
  • El 82,9% de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales está escolarizado en un centro ordinario y el 17,1% lo está en un centro de Educación Especial

El 9,3% del alumnado, unos 748.054 estudiantes con necesidades educativas específicas, recibió apoyo educativo el curso pasado, según la ‘Estadística de las Enseñanzas No Universitarias. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Curso 2020-21’, publicada hoy por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). Son 30.000 estudiantes más que el año anterior.

Este alumnado incluye a los estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad o a trastorno grave —unos 227.979 el curso pasado, el 30,5% del total— y los alumnos y alumnas con otras necesidades específicas, como trastornos del aprendizaje o altas capacidades —520.075 el curso pasado, el 69,5% restante—.

En total, el 84,7% del alumnado que recibió algún tipo de apoyo estaba matriculado en las enseñanzas básicas: el 46,1% en Primaria, el 33,4% en ESO y el 5,2% en un centro de Educación Especial.

Por sexo, los hombres representan el 63% de este alumnado, un porcentaje que sube hasta el 69,9% en el caso del alumnado con necesidades especiales asociadas a discapacidad o trastorno grave.

Por comunidades autónomas, las que presentan mayor porcentaje de alumnado que recibe apoyo educativo por necesidades específicas son Navarra (21,9%), Islas Baleares (17,2%) y Murcia (15,3%).

Dentro del alumnado que recibe apoyo educativo por una necesidad asociada a trastorno grave o a discapacidad, las discapacidades más frecuentes son la intelectual (27,4%), los trastornos generalizados del desarrollo (26,4%) y los trastornos graves de conducta (24,6%). Siguen la discapacidad motora (6,4%), la plurideficiencia (5,9%) y las discapacidades sensoriales auditiva (4,2%) y visual (1,7%).

La gran mayoría de estos estudiantes, el 82,9%, está integrado en un centro de educación ordinaria, y el 17,1% está escolarizado en un centro de Educación Especial, dedicados exclusivamente a este alumnado. Los mayores porcentajes de integración en centros ordinarios se encuentran entre los estudiantes con trastornos graves de conducta o de personalidad —el 98,4% está escolarizado en un centro ordinario—, con discapacidad auditiva —el 95,2%— y la discapacidad visual —el 95%—.

Entre los alumnos y alumnas que reciben apoyo educativo por otro tipo de necesidades específicas, las más frecuentes son los trastornos de aprendizaje (38,1%), como la dislexia o la disortografía; las asociadas a situaciones de desventaja socioeducativa (26,3%); los trastornos del lenguaje y la comunicación (14,6%); y el alumnado con altas capacidades intelectuales (7,9%). También se presta apoyo a los estudiantes por desconocimiento grave de la lengua de enseñanza (5,6%) y por retraso madurativo (4,1%).

Las medidas de apoyo educativo para estos alumnos y alumnas son variadas y abarcan desde adaptaciones curriculares hasta profesorado de refuerzo y programas especiales, entre muchas otras iniciativas.

En este sentido, el MEFP distribuye a las comunidades autónomas los fondos del Programa PROA+, destinados a los centros con un número importante de estudiantes con dificultades educativas. El programa cuenta con una financiación de 360 millones de euros para el periodo 2021-24, de los cuales 320 millones provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 40 millones de los Presupuestos Generales del Estado.

Para complementar esta iniciativa, el MEFP ha puesto también en marcha el Programa de Cooperación Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable. Dispone de un presupuesto de 124,7 millones de euros entre 2021-24, financiados con los fondos europeos, y prevé la creación de unas 1.148 unidades en centros sostenidos con fondos públicos de Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

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